Las organizaciones no gubernamentales de Nicaragua crecieron en prominencia y prestigio luego de la crisis derivada de las protestas masivas de abril de 2018. Pero esta sólo era una instantánea sin contexto.
Jamás se vio un trabajo periodístico que siguiera el flujo del dinero y encontrara a los benefactores de estas organizaciones ni desglosara sus alianzas, intereses y lealtades, práctica común con empresas e individuos ligados al gobierno. Este vacío podría explicarse como solidaridad ante la oleada represiva que el gobierno de Daniel Ortega desató contra más de dos mil ONGs tras la crisis, pero no justifica la falta de transparencia.
Aunque existen organizaciones no gubernamentales sin perfil político, las más presentes en los medios se definen en relación a una agenda progresista que poco tiene que ver con las tendencias del país.
Ligadas al feminismo, posturas indigenistas, teorías de desarrollo humano de Naciones Unidas y otras doctrinas históricamente asociadas a la izquierda política, estas organizaciones defienden su existencia como protección de los más necesitados ante la crueldad y negligencia de su propia sociedad.
«En lugar de garantizar los derechos de las mujeres, [el Estado de Nicaragua] ha perseguido sistemáticamente a las organizaciones que los defienden. El 90% de las organizaciones feministas canceladas se ha dado durante este año» asegura Karina Sánchez Shevchuk de IM-Defensoras en una conferencia virtual de la CIDH el 27 de octubre de 2022.
«No es acertado echar más dudas sobre ONGs»
Ana Quirós, activista feminista y directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) fundado en 1983, no cree acertado echar duda sobre el trabajo de las ONGs puesto que «los gobiernos, y especialmente los más autoritarios, quisieran poder desempeñarse sin nadie que les cuestione o nadie que les haga ver que no están haciendo su trabajo».
El pasado 27 de octubre, en una conferencia virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la libertad de asociación en Nicaragua, directivos de ONGs en el exilio expresaron comentarios similares. Amaru Ruiz, ambientalista de Fundación del Río, lamentó que «el cierre masivo de ONGs» tenga «graves impactos sobre la población nicaragüense», pero también lanzó un dato interesante: «El análisis de una muestra representativa de cincuenta y tres ONGs canceladas ha reflejado la reducción de 41.9 millones de dólares en ejecución anual de proyectos de desarrollo».
Quirós a su vez comentó en nuestra entrevista que el apoyo financiero para ONGs en Nicaragua ha disminuido dada la represión gubernamental. «Son muchas las organizaciones que han dejado de apoyar a Nicaragua y, probablemente, nunca lo volverán a hacer».
¿Quiénes eran estos donantes? Como veremos, se trata en su mayoría de instancias ligadas a los gobiernos de Estados Unidos y Europa, así como algunos oligarcas.
NED y Nicaragua
Una investigación exhaustiva de los pocos archivos digitales disponibles al público de estas organizaciones revela lazos con facciones políticas extranjeras, una acusación que el gobierno ha elevado antes, pero que nunca sustentó.
En el periodo 2016-2019, el Național Endowment for Democracy, una filantropía fundada en 1983 a instancias del Congreso de EE. UU. para esparcir la democracia liberal por el mundo, desembolsó alrededor de cuatro millones de dólares en proyectos progresistas para Nicaragua.
| Tal vez le interese: El negocio del progresismo en Nicaragua
Entre 2018 y 2019, el Instituto de estudios estratégicos y políticas públicas (IEEPP), dirigido por el aspirante a la presidencia y hoy preso político, Félix Maradiaga, recibió 153,000 USD de parte del NED. También Invermedia, empresa ligada al periodista Carlos F. Chamorro, recibió un total de 144,430 USD en dos subvenciones entre 2017 y 2018, según los archivos digitales en la web de NED que, al momento de publicarse esta nota, ya no aparecen disponibles.
Ningún periodista o medio independiente se ha cuestionado qué interés podría tener el gobierno de los Estados Unidos con estas subvenciones, si es que han mencionado este patronazgo en primer lugar.
NED recibe una apropiación anual del presupuesto de los EE.UU. incluido dentro del presupuesto del Departamento de Estado y la Agencia de EE.UU. para la Cooperación (USAID).
«Mucho de lo que hacemos abiertamente hoy se hacía encubierto hace 25 años a través de la CIA» confesó Allen Weinstein, fundador del NED junto a Carl Gershman, a ProPublica en 2010.
Dado que NED elige a sus beneficiarios según criterios ideológicos («esparcir la libertad y democracia por el mundo», lo que sea que eso signifique) y recibe fondos directo del gobierno de Estados Unidos, ser su beneficiario supondría una pérdida de credibilidad para cualquier periodista o medio, ameritando la supresión de la etiqueta “independiente”.
Raza, igualdad y una montaña de dólares
NED también financia al Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, una ONG «de defensa y protección de los derechos humanos» con sede en Washington y encabezada por el misterioso Carlos Quesada, un costarricense con «25 años de experiencia» en el entorno de ONGs.
| Tal vez le interese: Raza, igualdad y una montaña de dólares
Según su perfil en la base de datos de filantropías CauseIQ, NED otorgó 527,133 USD a Raza e Igualdad entre 2019 y 2020. Su director ha recibido al menos dos compesaciones: una de 135,000 USD en 2018 y otra por 141,552 USD en 2021. Otros 300,000 USD fueron donados por la fundación WK Kellogg en 2020. La organización reporta costos administrativos que superan los dos millones de dólares, pero sólo enumera once empleados en CauseIQ y su trabajo se limita a hacer presencia en redes sociales, foros digitales y «activismo».
Raza e Igualdad no contestó nuestras solicitudes de contacto para entrevistar a Quesada o a algún representante dispuesto a esclarecer sus finanzas.
«La basura salida del sandinismo»
Raza e Igualdad es sólo una de muchas organizaciones que componen un «andamiaje de organismos no gubernamentales» que el líder estudiantil Víctor Cuadras Andino ha podido observar desde que inició la crisis en 2018.
«Muchas de las personas que dirigían ONGs, a quienes yo conocí entre 2018 y 2019 tienen aún un marcado interés político hacia determinada agenda dentro del país» señala Cuadras, recavando desde su experiencia. «Y [es] una agenda que también tiene bastante que ver con planes de otros partidos políticos fuera del territorio nacional» añade.
Cuadras considera que existe «una sombra, esa oscuridad permisiva de los Estados Unidos sobre la rendición de cuentas de cara a Nicaragua y de cara a los propios contribuyentes estadounidenses» que «permite una profunda corrupción en las ONGs nicaragüenses» y está de acuerdo «no solamente con que se fiscalice más profundamente en Nicaragua, sino que se fiscalice también en Estados Unidos porque cualquier gobierno de Estados Unidos debe darle cuentas claras a sus contribuyentes de lo que se hace con su dinero».
Cuadras expresa un discurso crítico hacia el papel de las ONGs en la vida política de Nicaragua, un discurso que cada vez es más difícil de ignorar en los espacios opositores.
De primera necesidad
Por su parte, quienes trabajan desde ONGs, como los «representantes de la sociedad civil» que intervinieron en la antes mencionada conferencia virtual de la CIDH, destacan la absoluta necesidad de las ONGs para atender a «colectivos sometidos a una situación de discriminación histórica que aumenta su vulnerabilidad, tales como las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes, la niñez y estudiantes» en palabras de Amaru Ruiz (Fundación del Río).
Haydee Castillo, fundadora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, señala que existe «estigmatización y discursos de odio proferidos por las más altas autoridades estatales contra las organizaciones sociales, de derechos humanos, periodismo y religiosas». En efecto, el gobierno de Nicaragua ha efectuado confiscaciones de facto contra ONGs, cancelando además la personería de centenares que venían operando.
Carlos Guadamuz, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, menciona que «el Estado trata de justificar la ocupación de las instalaciones de ONGs según la lógica del bienestar social con proyectos que nunca han servido».
Cuadras admite que el gobierno no ha emprendido ninguna medida de fiscalización por razones éticas, sino por mero afán controlador, pero eso no invalida los llamados a la transparencia que hace, ni tampoco le convierten en simpatizante del gobierno sandinista.
Contrastes y contradicciones
Organizaciones sin carácter político como Operación Sonrisa, que se dedicaba a tratar a niños con labio leporino y paladar hendido, fueron objeto de la represión gubernamental a pesar de no figurar políticamente. «Al menos ciento veintiséis de las organizaciones canceladas brindaban programas de protección, atención en salud, educativos, asistenciales a la niñez, de prevención del trabajo infantil, albergues para niñas madres» aseguró en la conferencia de la CIDH Jorge Mendoza, vocero del Consejo de la Coordinadora de la Niñez (CODENI).
Balancear estas dos posturas—el de defensa de ONGs sin carácter político contra el fiscalizador tajante—es quizá el mayor reto de la oposición, pero es evidente cuál de las dos está mejor representadas en los medios.
El conflicto de intereses es claro para quien sabe dónde mirar.
Un doble estándar existe ante la fiscalización de ONGs y los medios que las respaldan. La polarización del país a raíz de la crisis sólo ha creado mayores espacios para que se perpetúe la falta de rendición de cuentas que tanto pregona la oposición, mientras las demandas de transparencia y cuestionamiento acaban, por default, posicionadas del lado de un gobierno represor que no discrimina cuando confisca y cancela.
«Este juego nos tiene a todos jodidos» concluye Cuadras.